DESDE MUJERES

¿Qué es lo que mantiene en pie a una institución electoral? Esta pregunta surge de una serie de decisiones, controversias y señalamientos que obligan a mirar más allá de la coyuntura y preguntarnos qué ocurre cuando quienes deben preservar la credibilidad de una institución se convierten en motivo y fuente de cuestionamientos.

En los últimos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado controversias por sus decisiones y por su conducción interna. Entre ellas, se encuentran: la posibilidad que se abrió para que una boleta “planchada” pudiera ser sometida al criterio de los Consejos Distritales y, eventualmente, pudiera ser computada, en lugar de anularse desde un principio (decisión que después fue revocada por el Tribunal Electoral).

También se ha cuestionado la inacción institucional para emitir lineamientos que permitan fiscalizar los actos anticipados de precampaña y campaña realizados por los partidos políticos, y se suman notas periodísticas que dan cuenta de despidos masivos de personal altamente capacitado en el Instituto y de la renuncia de la Secretaria Ejecutiva por motivos de salud, quien ya tiene un cargo en el gobierno del estado de Chihuahua. Si bien se trata de asuntos distintos que requieren explicaciones particulares, tienen en común que han colocado bajo escrutinio la acción institucional.

La investigación publicada por el periódico Reforma el 19 de octubre ha logrado cimbrar la oficina de la Presidencia del INE, pues refiere que un chofer adscrito a esa oficina figura como apoderado de Corporativo Zeg, empresa proveedora del INE cuyos contratos han sido objeto de señalamientos por posibles irregularidades. La publicación dio lugar a nuevos cuestionamientos de distintas fuerzas políticas, medios noticiosos y de la propia Presidenta de la República.

Corresponde a las autoridades competentes investigar estos hechos y determinar si hay lugar a responsabilidades administrativas, pero existe una dimensión política que no puede quedar en pausa hasta la conclusión de esas investigaciones: ¿los cuestionamientos que afectan a la Presidenta del INE afectan únicamente a su persona o pueden comprometer también la credibilidad y la confianza en la institución?

La construcción de una autoridad electoral autónoma respondió precisamente a la necesidad de garantizar que el acceso al poder político se definiera mediante elecciones libres, auténticas y confiables. El hecho de que la ciudadanía tenga confianza en el trabajo de esta institución y en los resultados electorales que provee contribuye a que los conflictos por el poder encuentren causes institucionales y a que la alternancia pueda ocurrir por la vía del voto. Esto es lo que ha dotado de estabilidad política a nuestro país.

En ese proceso, el INE, y en su momento el Instituto Federal Electoral, ha desarrollado capacidades técnicas, procedimientos especializados, mecanismos de vigilancia y una estructura profesional que han contribuido a dar certeza a los procesos electorales. Detrás de cada elección hay miles de personas, entre ellas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, que hacen posible la realización de tareas indispensables, por ejemplo, la actualización del Padrón Electoral, integrar la Lista Nominal de Electores, y capacitar a la ciudadanía que se encarga de la instalación de las casillas.

Pero no basta con que una institución ejerza las atribuciones que tiene conferidas legalmente ni que cumpla con el objeto para el que fue creada, también es necesario que sus decisiones sean percibidas como legítimas, objetivas e imparciales. Es indispensable que las decisiones tomadas por la autoridad electoral puedan explicarse, revisarse y sostenerse frente al escrutinio público.

El INE puede ejecutar correctamente sus tareas y ejercer sus atribuciones, pero si las decisiones de quienes lo encabezan generan dudas sobre la imparcialidad, la transparencia o dejan entrever la existencia de intereses particulares, la credibilidad de todo ese trabajo puede verse comprometida.

Es cierto que la existencia de una controversia no demuestra por sí misma una pérdida generalizada de credibilidad ni la existencia de señalamientos equivalen a responsabilidades acreditadas. Sin embargo, sería una equivocación esperar a que el deterioro de la confianza pudiera medirse para reconocer el riesgo y atender sus causas.

La confianza ciudadana se construye mediante conductas consistentes a lo largo del tiempo; es de difícil construcción, puede perderse con facilidad y es aún más difícil recuperarla cuando se deteriora. Para preservarla se necesitan decisiones justificadas y apegadas a la ley, información verificable, controles efectivos y disposición a responder preguntas incomodas, porque el diálogo con la ciudadanía no puede ser unidireccional a través de una conferencia de prensa. No podemos ignorar que la forma en la que se enfrentan las críticas y las acusaciones públicas también permite evaluar el compromiso con la transparencia y el diálogo con la ciudadanía.

Las eventuales irregularidades en una o algunas contrataciones pueden investigarse, esclarecerse y, de ser el caso, traducirse en responsabilidades administrativas. Pero ¿eso devuelve la confianza en la institución?

Esclarecer las condiciones en las que se dio una contratación, explicar y comprobar la inexistencia de conflictos de interés es insuficiente para evitar o detener el deterioro de la confianza ciudadana, exige demostrar que existen mecanismos capaces de detectar, corregir y prevenir que los hechos que dieron origen a los cuestionamientos se repitan.

Una elección técnicamente bien organizada puede enfrentar resistencias a sus resultados, pero si la autoridad que conduce y organiza dicha elección llega desacreditada, cuestionada y con señalamientos de tener conflictos de interés, esta resistencia será aún mayor, lo que puede dar lugar a la inestabilidad política.

De ahí la importancia de que quienes encabezan el INE tengan una responsabilidad reforzada para ejercer las atribuciones de su cargo con plena consciencia de que cada decisión compromete algo mayor que su trayectoria personal, pues en su actuación recae la credibilidad, o falta de ella, de una institución encargada de garantizar derechos políticos y brindar certeza de que la competencia democrática se da en condiciones de imparcialidad.

La autonomía constitucional que ha blindado al INE desde su creación en 2014 exige la rendición de cuentas, la toma de decisiones sin someterse a intereses partidistas, aceptar el escrutinio público sin descalificarlo ni tomarlo como una amenaza y sin desviar el justificado descontento social adjudicándolo a estrategias de desprestigio de los partidos políticos.

La confianza en las instituciones electorales es una de las conquistas más importantes de la transición democrática mexicana. Construirla ha requerido décadas de esfuerzo, trabajo y vidas humanas; erosionarla puede tomar tan sólo un suspiro. Las controversias que hoy rodean a la Presidenta del INE no deberían considerarse y mucho menos tratarse como un problema de imagen pública.

Quienes encabezan el INE tienen bajo su responsabilidad una conquista ciudadana que costó décadas construir: la posibilidad de disputar el poder bajo reglas comunes y aceptar la derrota sin que ello signifique renunciar a la democracia. Poner en riesgo esa confianza compromete las condiciones que permiten resolver nuestras diferencias mediante el voto.

El INE no es de quien lo preside, pertenece a una sociedad que aprendió, a un muy alto costo, a exigir elecciones confiables. Quienes representan a esta institución tienen el deber de fortalecerla, y nadie tiene derecho a consumir, durante su paso por los cargos públicos, la confianza que una democracia necesita para seguir existiendo.