El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está establecido en marcos internacionales, nacionales y estatales y representa un avance muy relevante a la deuda histórica que se tiene para con las mujeres que han estado destinadas a vivir desigualdades que afectan su desarrollo por el simple hecho de ser mujeres.
Sin embargo, a pesar de que se ha avanzado en la creación de unidades especializadas de género en distintas instancias gubernamentales, de la capacitación, campañas de comunicación y políticas públicas al respecto todavía existe impunidad en los delitos que aquejan a las mujeres.
Según datos del INEGI en la Ciudad de México, 79.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral , misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja , el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas.
Las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes de edades entre 20 y 44, así como las de 50 a 59 años; particularmente entre aquellas de 20 a 24, ya que 85 de cada 100 mujeres de esas edades ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. [1]
Lamentablemente, hay numerosos casos de que los agresores de las mujeres son servidores públicos y que en el uso indebido de sus funciones aprovechan para dificultar el avance de las investigaciones en su contra.
¿Cómo podemos detener la violencia en la ciudad, si son los agresores los que están tomando las decisiones que impactan en la vida de las mujeres todos los días?
El hecho de que estos hombres sean los tomadores de decisión y operadores de la política pública de la Ciudad, llevando a cabo acciones públicas que tienen impacto en la vida de las mujeres, y que al mismo tiempo ejerzan violencia en sus espacios profesionales y personales da poca credibilidad y seguridad a las mujeres de ser protegidas por un Estado que les permite seguir impunes.
La violencia hacia las mujeres se sustenta en un sistema patriarcal donde los hombres son quienes detentan el poder político y económico, su normalización ha hecho que se tolere la violencia en sus distintas modalidades en beneficio de otras causas. En este caso, se ha puesto primero el conocimiento técnico o las redes de contactos que tienen los servidores públicos en detrimento de ciudadanas y servidoras públicas que son agredidas por los mismos.
Para brindar certeza, confianza y credibilidad de las instituciones del Estado a las ciudadanas es muy relevante asegurarles que las personas que son las encargadas de llevar a cabo las acciones públicas son personas que actúan apegadas a un marco de derechos humanos, y que están protegidas de los servidores públicos que se sirven del cargo para generar violencia a ciudadanas.
Por lo anterior, en el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México presenté una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Modifica el Artículo 15 de la Ley De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia En La Ciudad De México que busca, respetando el principio de presunción de inocencia, que los servidores públicos que tengan abierta una investigación en su contra por algún delito en perjuicio de una mujer sean separados del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes y se les apliquen sanciones administrativas. Asimismo, que los Órganos Internos de Control de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, estén actualizadas de los procesos que se estén llevando en contra de los funcionarios en casos de violencia de género.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, establece en su Artículo 7 que: “Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia y no discriminación, así como los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.”
Si bien, los delitos contra las mujeres corresponden al ámbito penal y no administrativo, los principios que rigen el ejercicio del servicio público deben estar presentes en todo el actuar de los servidores públicos para así asegurarle a la ciudadanía y específicamente a las mujeres que pueden estar seguras que las decisiones que afectan su vida diaria serán tomadas por personas que están comprometidas con garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¡Por espacios libres de violencia para todas las mujeres!
[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_CdMx.pdf
desdemujeres.mx 