“…se trata de un asunto de derechos humanos, de ejercicio de la democracia y no sólo un capricho de un grupo de mujeres empoderadas.”
-Flavia Freidenberg

Existe un problema que está presente en todas las sociedades y que afecta a todas las mujeres como grupo social, sin distinguir clase social, etnia, edad o partido político. Es un mecanismo de discriminación que limita
oportunidades y deseos, o incluso los adecua a lo “apropiado” para el rol de género dominante. Y como lo que no se menciona no existe, lo nombramos: Violencia de género; que en su dimensión política causa más daño del que se cree.

La violencia política contra las mujeres en razón de género no se origina con la apertura de la participación de la mujer en la vida pública, sino que es producto de la estructura patriarcal tradicional que excluye a todo individuo que no esté incluido en “la regla” hegemónica y limita el ejercicio de sus derechos político- electorales, incluso en el desempeño de un cargo público.

En mi estado, como en el resto del mundo, las conductas violentas contra las mujeres en política se han interiorizado y asumido como normales o como el reflejo del “costo natural de hacer política” generando una confusión entre las víctimas que no pueden reconocer que se trata de violencia de género.

Lo sabemos y los señalamos, históricamente se ha intentado frenar la participación de las mexicanas en la vida pública con argumentos falaces fundamentados en una paternidad protectora que se siente amenazada e intimidada por el liderazgo femenino.

Tengo la hipótesis de que la violencia ejercida contra las mujeres políticas que se desempeñan en gobiernos locales es principalmente simbólica, psicológica y económica; y los agresores que las rodean son miembros del partido, funcionarios de los mismos gobiernos municipales e incluso sus propios familiares. Este tipo de acoso es desmoralizante y aumenta la probabilidad de que las víctimas abandonen sus cargos y sus sueños, retrasando años de lucha por conquistar espacios que se nos han negado.
Además, esto no afecta únicamente a las mujeres y su intención de participar en las esfera pública, también afecta a la ciudadanía, creyentes que apoyan sus proyectos, quienes sí se sienten representados por ellas. De ahí radica la problemática de calidad y efectividad de la representación (effective representation) que claro, pone en riesgo a la democracia mexicana.

Existen avances importantes en materia normativa para erradicar este tipo de violencia, sin embargo es reciente y debe ir acompañado de la denuncia y atención a las víctimas. No se puede seguir esperando a que cada proceso electoral sea una (o solo otra) “fase de experimentación” sobre este tema.

Entonces, ¿cómo se configura la violencia contra las mujeres que ocupan cargos de elección popular en los gobiernos municipales? La respuesta no es una sola, tiene muchas variables y complicaciones porque cada contexto es distinto, pero sí estoy segura de que la violencia política es un obstáculo para la participación de las mujeres e incide en su interés por ser parte de la vida pública. ¿La intensidad y frecuencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género cambia o tiene correlación con la exposición del cargo que ocupan estas mujeres dentro de los gobiernos locales?, ¿realmente existen estrategias para afrontar la violencia política con razón de género?.

Ustedes juzguen.