En México, la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisiones ha sido una lucha ardua y sinuosa. A partir de la adopción de la primera medida de acción afirmativa para mejorar la distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993, en donde el Congreso ha aprobado reformas legales como estrategias para garantizar la presencia de las mujeres en órganos de decisión que organizan la vida política, económica y social de nuestro país.

La participación y liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones políticas es de fundamental importancia para México por varias razones. En primer lugar, es garantía básica de los derechos humanos; no solo porque implica el derecho a votar y ser votada, sino porque es indispensable para la realización plena de los derechos de las mujeres.

En segundo lugar, los Estados y las sociedades requieren de las capacidades, habilidades y talentos de cada una de las personas que integra su población para poder alcanzar su máximo desarrollo; así, la inclusión de las mujeres en todas las decisiones aumenta las propuestas de soluciones disponibles a los problemas específicos de la sociedad.

Por último, la presencia de mujeres en las esferas de decisión incentiva, a su vez, la participación, el compromiso de más mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos debe ser una realidad tangible en nuestro entorno.

He de reconocer que, en nuestro país, la búsqueda de la paridad de género en el ámbito político ha sido un proceso que va en incremento. Inicialmente, y bajo una óptica cuantitativa, es a partir de 1996 que se pretendió alcanzar la paridad mediante una serie sucesiva de cuotas de género, hasta llegar a la reforma constitucional de 2014. Con esta modificación se estableció que los partidos tienen la obligación constitucional de integrar sus listas de candidaturas a legisladores locales y federales con 50% mujeres y 50% hombres. Posteriormente, la reforma constitucional de 2019, conocida como “paridad total” fue más allá, estipulando que todos los órganos del Gobierno, en todos sus niveles, incluidos los organismos autónomos, deben estar conformados paritariamente. Con las últimas reformas en cuestiones de paridad de género esta reforma ha buscado transitar de una concepción de paridad formal y, meramente cuantitativa, a una de paridad sustancial y cualitativa. Esta transición implica que las decisiones que se tomen respecto a la participación política de las mujeres deben seguir ampliando el alcance del principio de paridad, de tal manera que garantice con mayor efectividad en todos los ámbitos, su ejercicio.

Si bien, en la actualidad la paridad de género ha tenido avances significantes en la política, existen aún muchas desigualdades entre las mujeres y los hombres, a pesar de existir mayor participación de las mujeres en la vida política nacional, también se ha visibilizado los actos de discriminación en contra de ellas.

Las mujeres que pretenden acceder a la vida política, han sufrido en ocasiones actos de discriminación y violencia, tendientes a “menoscabar”, limitar o incluso anular los derechos civiles y políticos de las mujeres que inciden en la vida pública, reconociendo sus derechos, pero no ejerciéndolos, así como en la vida privada.

Y es que estamos sumergidas en una cultura patriarcal, machista y misógina que todavía no podemos desprender de nuestra sociedad; si algo tenemos claro es que existe una deuda histórica con las mujeres, pues somos las que hemos padecido sus impactos diferenciados, sin importar la esfera en que nos desempeñemos.

La desigualdad entre los sexos se ha reproducido históricamente, por eso es momento de pagar esa deuda y para ello debemos todas alzar la voz, y actuar con mayor fuerza, ya contamos con “paridad total” que tanta lucha les ha costado a las que nos antecedieron y como me diría la Magistrada Villafuerte, “Que lo mínimo que deberíamos hacer las generaciones que vamos de salida es dejarles la entrada limpia a las nuevas”. El camino ya está recorrido, es tarea de nosotras seguir labrando este andar, seguir alzando la voz, seguir luchando por el simple hecho de vivir libres y sin miedo a ejercer plenas el ejercicio de cada uno de nuestros derechos, nuestros derechos políticos- electorales, el derecho a votar, pero también derecho a ser votada, entonces en este proceso electoral 2020-2021 pongámonos los lentes violetas, antenas color naranja ya basta de vivir un “espejismo de la paridad”, llego el momento de hacerla visiblemente en nuestro país.