El ABC de la legislación con perspectiva de género

Claudia Ramírez Ramos es coordinadora general de Desde mujeres, es maestrante en políticas públicas comparadas.

Durante el último año nos hemos encontrado que en diferentes espacios se empieza a hablar de “perspectiva de género” lo cual es maravilloso y ha sido una ganancia de muchas luchas, el sólo hecho de iniciar la conversación ha sido consecuencia de marchas y movilizaciones institucionales que han durado años; sin embargo hemos llegado a un punto en que hablar de “perspectiva de género” es hablar de todo y por tanto hablar de nada.

Claro que reconocer la importancia de que se hable con mayor frecuencia es fundamental; pero, de manera particular me comienza a preocupar el cómo las instituciones comienzan a apropiarse del término desde un significado que ellas mismas han inventado y no aquel por el que las feministas abocamos. En resumen me preocupa que pase con “perspectiva de género” lo mismo que pasó con “parlamento abierto o gobierno abierto” cuando las instituciones se apropiaron del término y lo usan para todo, sea o no sea realmente abierto, participativo e incluyente de la diversidad y visión de las personas.

Específicamente con el término de perspectiva de género ha comenzado a suceder poco a poco, y se nos dan pequeñas pistas como el venden que escribir “las y los” ya es suficiente o que integrar a una o dos especialistas mujeres en un evento de cinco personas ya es LA victoria y sí, sí es una victoria, pero no es la única ni la más necesaria. 

Los resultados de nuestras luchas no deben convertirse nunca en dádivas cómodas de cumplir para el gobierno.

Por eso hoy quise escribir sobre cosas muy puntuales de a qué nos referimos con perspectiva de género y, a su vez, cómo el Poder Legislativo a nivel local y federal debe cumplir para aportar al avance desde una agenda feminista.

Primero que todo hay que aprender a reconocer el impacto de lo que se concibe como género en si mismo, como este típico conjunto de ideas y creencias que le son atribuidas a las personas partir del sexo biológico les es asignado al nacer y  que el conjunto de todo esto construye lo que entendemos por “masculino” y “femenino”. Estos conceptos establecen normas y patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres. 

Me permitiré resaltar que todo esto es un mandato y construcción meramente social, el género nada tiene que ver con capacidades o características biológicas sino que dependen del momento histórico que se vive y las tradiciones, lo que la sociedad considera correcto, cómodo o propio del comportamiento y de lo que puede o debe hacer una persona.

Por ello a partir de la reproducción de dichas normas, estereotipos, imposiciones y roles sociales se ha marcado una importante desigualdad entre mujeres y hombres y que las instituciones de alguna manera, al ser creadas para ordenar y obedecer las realidades sociales han terminado por perpetuar y profundizar en desigualdades y violencias que estos “roles de género” implican. 

Por poner un ejemplo muy claro hablemos de las tareas de cuidado y específicamente en el actuar de las legislaciones y posteriores políticas públicas en dicha materia; casi siempre los objetivos y su implementación está focalizada para que sean mujeres quienes cumplan con éstas tareas en lo privado o en lo público, en lo privado al imponer programas cuya población objetivo son las madres de familia al pensar que son las únicas encargadas del proceso de crianza; o en el sector público cuando los puestos de personal que trabaja en guarderías o asilos son principalmente focalizados para mujeres.

De esta manera las instituciones que se crean a partir de una legislación y diseño de política pública como lo mencioné en el párrafo anterior, se desarrollan concibiendo esta  idea discriminatoria, como si la función exclusiva de las mujeres sea la de cuidar a otras personas o a la comunidad en si misma y excluye la posibilidad de generar espacios para que se desarrollen en otros ámbitos o que, inclusive, hombres se sumen y se desarrollen en estas tareas.

Por lo que, después de la explicación anterior y mucha frustración mía derrochada en esos párrafos, podemos decir que la perspectiva de género en la legislación es impulsar que se construyan leyes y procesos legislativos que cuestionen y valoren las realidades, minimicen los daños, aminoren el impacto discriminatorio, dejen de reproducir los estereotipos, den libertad y opciones a las personas por ser ellas y no por cumplir con lo correcto y propio impuesto por una sociedad machista y, a largo plazo, se generen políticas públicas y programas libres de violencia estructural por razón de género que permitan el libre desarrollo de todas nosotras.

La importancia de dejar de hacer leyes y reformas sin perspectiva de género que que las y los legisladores son las personas encargadas de institucionalizar la agenda pública, esto significa que son quienes de alguna manera pre diseñan las políticas públicas y esta en sus manos la posibilidad de parar la perpetuación de la violencia, de ellos y ellas muchas veces depende que las instituciones verdaderamente se construyan con funcionalidad y a largo plazo y que a la hora de su implementación tengan un objetivo que reconozca, visibilice y trate a todas las personas desde sus diferencias y construya un piso para emparejar las oportunidades de todas, todos y todes.

Con este discurso me he presentado ya en diferentes espacios y nunca falta que alguien me diga “Pero Claudia, en México ya estamos muy avanzadas, y en todo el mundo, cada vez vemos más mujeres en las Cámaras, inclusive actualmente en México, en Cámara de Diputados hay un 48.3% de mujeres ocupando las curules y en Cámara de Senadores de las 128 curules 63 son ocupadas por mujeres y 65 por hombres, estamos muy iguales” bueno, también ahí hay que ver que 1) a mayor presencia de mujeres no significa que automáticamente las “cosas son más iguales” 2) la lucha feminista o por una legislación que contemple la perspectiva de género no es inherente a ser mujer (y de hecho creerlo así, es parte del problema) y 3) la presencia numérica de las legisladoras no significa que verdaderamente exista una influencia de las mismas en la toma de decisiones; podemos verlo igual en las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, la presencia de mujeres a pesar de ser casi el 50% no se ve de igual manera en la Junta de Coordinación Política, que es el máximo órgano de negociación y decisión en los Poderes Legislativos.

Es claro que la presencia de mujeres es un avance pero tenemos que transitar de creer que número es igual a poder, a decisión e inclusión, necesitamos mujeres que se nombren feministas y reconozcan en la lucha una oportunidad de mejorar los trabajos que tienen como legisladoras, reconocer sus liderazgos e impulsarlos para que lleguen a los verdaderos espacios de negociación e incidencia; y al mismo tiempo no dejarlo ahí, no pensar que por ver a un “liderazgo” de una mujer es más que suficiente, las mujeres feministas también tenemos que ocupar los espacios técnicos, las direcciones, las asesorías, las secretarías técnicas, habitar verdaderamente éstos espacios y que, de esta manera, nuestra presencia y nuestro pensamiento se imprima en nuestro trabajo y en el verdadero cambio.

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