DESDE MUJERES

México y la CEDAW: El disfraz feminista de un Estado que sigue fallando a las mujeres

Dayri Jaruny Flores Ramírez, candidata a Doctora en Ciencia Política en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus investigaciones se centran en género, migración, violencia feminicida y políticas públicas. X: @DayFleurs, https://independent.academia.edu/DayriFlores
jaruny.floresr@gmail.com

El pasado 18 de junio de 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) reprobó a México en su evaluación periódica, evidenciando fallas persistentes en temas estructurales clave como la violencia de género, el embarazo adolescente, el abandono escolar, la brecha salarial, la informalidad laboral y deficiencias en salud pública (Varela, 2025). El informe no sólo señala la insuficiencia en los resultados de prevención y acceso a la justicia, sino que critica la ausencia de una política nacional integral con presupuesto suficiente, mecanismos de monitoreo y coherencia entre la normativa y su aplicación efectiva.

Este dictamen confirma la existencia de un problema estructural de fondo: la brecha entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. A pesar de reformas legislativas que promueven la paridad y medidas contra la discriminación, su impacto real sigue siendo limitado, particularmente para mujeres en contextos rurales o indígenas, donde persisten barreras materiales, culturales e institucionales.

Son, en estas regiones, en las que la impunidad en los casos de feminicidio, la criminalización de defensoras de derechos humanos, la violencia institucional y las omisiones en derechos sexuales y reproductivos configuran un panorama sistémico de exclusión. (Gándara, 2024)

Organizaciones de la sociedad civil, como la International Federation for Human Rights (FIDH), presentaron informes alternativos ante el Comité CEDAW en los que documentan graves omisiones del Estado mexicano, particularmente en lo que respecta a la persistencia de desapariciones sistemáticas de mujeres y niñas (FIDH, 2025). Asimismo, La Red Nacional de Refugios (RNR), que agrupa a más de 70 centros de atención a mujeres víctimas de violencia, se pronunció en contra ante la existencia de un nuevo manual de operación para refugios aprobado sin consultar a las organizaciones que los gestionan directamente (Rayón, 2025). Esta exclusión refleja una desconexión preocupante entre el diseño normativo y la experiencia empírica. Bajo estas condiciones, las políticas se convierten en ejercicios burocráticos alejados de las necesidades reales, vaciando de contenido las promesas de igualdad y protección.

Aunque desde el gobierno federal se presume un discurso progresista, invocando la paridad, promoviendo legislación con lenguaje inclusivo y utilizando consignas como “llegamos todas”, los hechos desmienten sistemáticamente la narrativa oficial (Muñoz & Urrutia, 2025). Estas estrategias discursivas, lejos de consolidar una agenda sustantiva de derechos, operan como mecanismos de legitimación simbólica que encubren la falta de resultados reales, sin transformar las condiciones de vida de millones de mujeres, profundizando aún más su vulnerabilidad.

En este sentido, la reprobación de la CEDAW debe entenderse como un punto de inflexión ineludible que obliga al Estado mexicano a abandonar la lógica de simulación institucional. No basta con legislar en nombre de la igualdad si las estructuras que perpetúan la desigualdad permanecen intactas.

Por consiguiente, el informe de la CEDAW no sólo es un llamado de atención internacional, sino una denuncia contundente contra un Estado que ha optado por la simulación en lugar del compromiso, por la propaganda antes que por la transformación real. Si el Estado mexicano continúa administrando la desigualdad con discursos vacíos, sin corregir las omisiones estructurales que sostienen la violencia y exclusión de las mujeres, seguirá siendo responsable directo de la perpetuación del mismo sistema que se dice transformar. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento técnico de estándares internacionales, sino la posibilidad de construir una democracia que realmente no reproduzca la exclusión estructural de más de la mitad de su población.

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